Exposición de motivos

Históricamente, la justicia ha sido un privilegio en nuestro país. Para la gran mayoría de los mexicanos, el acceso a tribunales confiables, efectivos, independientes y honestos es una idea distante, una promesa vacía o una ilusión. A pesar de que ha habido avances importantes en los últimos años, es necesario trabajar para que el sistema judicial sea un factor de cambio social y que pueda atender los reclamos de igualdad de millones de personas cuyos derechos permanecen desprotegidos. Acercar la justicia a las necesidades de las mayorías, hacer frente a la discriminación en las instituciones de justicia y cerrar la brecha de desconfianza que ha surgido entre las personas y sus jueces, es responsabilidad del Poder Judicial a partir de la reforma constitucional.

Aspiro a ser Juez de Distrito para hacer realidad esa visión. No tengo duda de que el trabajo de los tribunales en los próximos años definirá el rumbo de nuestra justicia constitucional. Quiero ayudar a definir ese rumbo, dedicar mi vida profesional a servir a los demás y asumir el compromiso de trabajar constantemente para reducir las múltiples barreras de acceso a la justicia. Mi trayectoria profesional y académica me ha permitido entender el funcionamiento del sistema de justicia e identificar sus deficiencias y áreas de oportunidad. Estoy convencido que de que debemos trabajar, por lo menos, en los siguientes aspectos.

En primer lugar, tenemos que reducir y flexibilizar los requisitos procesales que, por mucho tiempo, han impedido el acceso a la justicia a comunidades en situación de vulnerabilidad, como en el caso de personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La jurisprudencia ha dado pasos importantes en esa dirección, pero tenemos que reconocer que aún queda mucho camino por recorrer para que esos criterios lleguen a todos los tribunales del país. También debemos reconocer las asimetrías entre las partes y el impacto desproporcionado que pueden generar estos requisitos procesales en las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es indispensable para abrir las puertas de los tribunales a todas aquellas voces que no han sido escuchadas.

En segundo lugar, debemos escuchar permanentemente las demandas y los reclamos sociales. Debemos acercarnos a las víctimas, las personas defensoras, los colectivos, las organizaciones civiles y las personas que han vivido fuera del alcance protector de la Constitución y la ley. Debemos escuchar sus argumentos, necesidades y experiencias con empatía, sensibilidad y respeto. No hay otra forma de garantizar el acceso a la justicia y de generar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos. También debemos ser conscientes de la importante labor que realizan las personas que defienden los derechos, el medio ambiente y el territorio; y defenderlas de los ataques, la violencia y las intimidaciones.

En tercer lugar, debemos cambiar la forma en la que articulamos y construimos el lenguaje de la justicia. Necesitamos sentencias cortas, puntuales y comprensibles. Es posible contar con sentencias sólidas y bien argumentadas que utilicen un lenguaje sencillo. Esa capacidad de comunicar, explicar y convencer le da legitimidad a la labor de los tribunales. La cercanía de las personas con la justicia también depende de la capacidad de los tribunales de considerar el contexto social en el que se desarrolla el conflicto, así como la razonabilidad y el impacto de las soluciones propuestas. Debemos aportar contexto a las decisiones y garantizar una justicia imparcial que resuelva a partir de los hechos y el derecho aplicable; no a partir de preferencias personales, especulaciones o animadversiones.

Finalmente, debemos discutir seriamente cómo podemos avanzar en el cumplimiento de las sentencias para garantizar que logren una reparación efectiva. Una sentencia que no se cumple es simplemente papel. Una promesa de acceso a la justicia que no se va a cumplir. Por ello, los tribunales deben tener un rol más activo en la supervisión del cumplimiento e incluso deben dar oportunidad a la participación pública y garantizar que las personas afectadas puedan pronunciarse sobre los avances o los retrocesos en el cumplimiento y la reparación.

Si avanzamos en estos cuatro ejes, nos acercaremos cada vez más a esa justicia accesible, diferente y cercana que espera el pueblo de México. Ese será mi compromiso y mi prioridad. Mi trabajo como Juez de Distrito buscaría contribuir a reducir las barreras de acceso a la justicia a través de sentencias puntuales, sólidas y bien argumentadas. Asumiré el compromiso de escuchar de frente a todas las personas usuarias del sistema de justicia y, especialmente, a las personas que no han sido escuchas y que han vivido en la marginalidad jurídica y la desprotección. Entiendo que es una gran responsabilidad pública y estoy preparado para asumirla.

Concluí la Maestría en Derecho (LL.M.) en la Universidad de Harvard como becario Fulbright-García Robles. Tuve un desempeño académico sobresaliente y recibí honores en mi tesis de maestría después de analizar la forma en la que los tribunales mexicanos han interpretado el Acuerdo de París para combatir el cambio climático y avanzar en la protección de los derechos humanos. También recibí varias becas enfocadas en el mérito académico y el compromiso social.

La educación pública me permitió concluir la Licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde me gradué con mención honorífica y obtuve el promedio más alto de la generación. Además, he complementado mi formación con diversos diplomados en materia de derechos humanos, derecho ambiental y derecho energético en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mi trayectoria profesional también me ha preparado para el cargo al que aspiro. He trabajado durante casi cuatro años en la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, donde he tenido oportunidad de realizar tareas jurisdiccionales, colaborar en la redacción de publicaciones y protocolos de actuación, y coordinar numerosas actividades de capacitación en materia de derechos humanos que han contado con la participación de miles de personas de todo el país. También trabajé durante varios años en organizaciones no gubernamentales y en el sector público en cuestiones de derecho administrativo. Por último, he complementado mi trayectoria profesional con la docencia y la investigación. He impartido clases en varias universidades públicas del país y cuento con más de veinte publicaciones en materia de derechos humanos, acceso a la justicia, medio ambiente y cambio climático.

Todas estas experiencias me permitirán desempeñar el cargo de Juez de Distrito con integridad, honestidad, profesionalismo y excelencia. Creo firmemente en la capacidad que tiene el servicio público de transformar la realidad si se ejerce con vocación, empeño y responsabilidad. Estoy convencido de que la justicia federal puede ser una herramienta de cambio social, eficaz contra las limitaciones y las estructuras que perpetúan la desigualdad. Amo profundamente a mi país y mi anhelo es devolverle un poco de lo que me ha dado desde lo público. Quiero dedicar mi vida a la construcción de esa justicia igualitaria que merece el pueblo de México, y hacerlo desde la noble tarea de impartir justicia sería el honor más grande de mi vida.